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Por Julio Berlinski¹

A partir de 1995 el Acuerdo de Ouro Preto incorporó una serie de instrumentos orientados al perfeccionamiento de la unión aduanera, algunos ya anunciados en marzo de 1991 cuando se firmó el tratado de Asunción. Es decir, se trataba de libre comercio dentro de la región y una política comercial común con terceros países. Una Política comercial común se compone de varias partes, entre las que se destacan: un Arancel Externo Común y la Distribución de su recaudación, la Clasificación de mercancías y la Valoración en aduanas, la Concesión de preferencias a terceros países, y los Regímenes especiales e instrumentos comunes de Defensa comercial.

En la sección 2 se presentan los principales elementos de la transición hacia el Arancel Externo Común en el MERCOSUR y en Argentina, seguida en la sección 3 por una discusión respecto de las Instituciones de defensa comercial respectivas. En la sección 4 se presentan evidencias sobre la práctica del antidumping en Argentina. Luego en la sección 5 se realizan los comentarios finales.

Por Andrés López (CENIT) y Daniela Ramos (CENIT)

En las últimas décadas los países de América Latina (AL) han transitado por diferentes regímenes económicos y de inserción internacional, modificando sus patrones de desarrollo vinculados inicialmente a estrategias de crecimiento hacia adentro por regímenes orientados hacia la apertura económica y la integración regional. Esto se dio en paralelo con un fuerte incremento de los flujos internacionales de inversión extranjera directa (IED), en particular los dirigidos hacia México, Brasil, Argentina, Chile y más recientemente Uruguay.

Por José María Fanelli

La incertidumbre ha vuelto a ser el rasgo más saliente de la coyuntura. Este hecho tiene su origen en dos factores centrales. El primer factor de generación de incertidumbre es la obstinada estrategia del gobierno de evitar la búsqueda de consensos con la oposición. Antes que los acuerdos en el Congreso, las autoridades privilegian las iniciativas unilaterales y buscan alianzas coyunturales con actores específicos. Esto es, el apoyo para cada medida particular se busca, primordialmente, en grupos cuyos intereses económicos o políticos son favorecidos por las medidas en cuestión. Estas alianzas se caracterizan por su heterogeneidad y su fragilidad. Son heterogéneas porque incluyen desde intendentes, gobernadores y sindicalistas hasta líderes sociales, crony capitalists e ideólogos. Son frágiles porque dependen de iniciativas específicas y quienes son hoy aliados para un tipo de medida pueden no serlo para otras. Por supuesto, el punto que interesa a nuestro análisis no es el de juzgar la validez de esta estrategia desde una perspectiva estrictamente política sino subrayar sus implicancias económicas. En este sentido hay dos aspectos que merecen destacarse. Por un lado, se trata de una estrategia que es intensiva en el uso de recursos públicos y, por ende, hace poco creíble que el gobierno vaya a mantener bajo control un déficit fiscal que ha estado aumentando fuertemente durante el último año por las mismas razones que siguen vigentes: la necesidad de atender demandas de diferentes aliados políticos. Por otro lado, como las alianzas son frágiles y cambiantes e involucran actores con intereses muy disímiles, es muy difícil formar expectativas sobre cuáles serán los programas de trabajo que el gobierno privilegiará en el mediano plazo. Un ejemplo: el ritmo de inversión en obra pública suele depender de manera significativa de la jurisdicción política en que tal inversión se realiza.